Género
EQUIDAD DE GÉNERO
Las normas y desigualdades de género influyen en todos los aspectos de las trayectorias migratorias de las mujeres y personas LGTBIQ+, incluyendo las razones que les motivan a migrar, las rutas de tránsito empleadas, los medios disponibles para desplazarse, el destino previsto y las posibilidades de integrarse en el país de acogida. Esta situación diferencial, si bien ha sido abordada de manera transversal en distintos espacios del Proceso de Quito, será estudiada en mayor detalle en adelante.
En un inicio, la mayoría de las personas que salían de Venezuela eran varones no acompañados en busca de seguridad y/o mejores oportunidades de generación de ingresos. Más recientemente este flujo experimentó un cambio de género, en el sentido de que más mujeres comenzaron a migrar, acompañadas por familiares, niñas y niños pequeños, con fines de reunificación familiar o por su propia seguridad y en busca de mejores oportunidades de generación de ingresos. Reconociendo este cambio, la igualdad de género fue incorporada como eje temático durante el Capítulo de Santiago, en 2020 con Chile como país líder, junto con el soporte técnico de ONU Mujeres y con el apoyo de Canadá, país miembro del Grupo de Amigos.
En América Latina y El Caribe, mujeres, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela y comunidades de acogida han sido afectadas de manera distinta por el fenómeno de movilidad humana. Por un lado, se han visto expuestas a situaciones de mayor vulnerabilidad (por ejemplo, por embarazos, dar a luz o ser madres lactantes) y a violaciones a sus derechos humanos, en particular quienes migran en situación irregular. Entre estos riesgos, se encuentran la discriminación y violencia por motivos de género; así como la trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual; el desempleo; la pobreza; la mendicidad; la malnutrición; la falta de acceso a comida o medicinas, entre otros. Esto, a su vez, ha contribuido a la agudización de la discriminación de género y edad que sufren a diario, tanto en su país de origen como durante el proceso de movilidad.
Las restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia de COVID-19 han limitado aún más el acceso de las personas migrantes y refugiadas a sistemas de protección y servicios básicos en las zonas fronterizas. Esto ha generado mayores riesgos, especialmente para las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas LGBTIQ+, quienes están más expuestas a convertirse en víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, agresión sexual y sexo por supervivencia. También ha aumentado los riesgos de detención, devolución y/o explotación por parte de diferentes actores.
Asimismo, debido a la falta de documentación y a otras particularidades, enfrentan barreras de acceso a derechos y servicios como salud -incluyendo salud sexual y reproductiva-, educación, vivienda y trabajo, xenofobia, trámites administrativos engorrosos (incluyendo el hecho de tener visas como dependientes, lo que dificulta sus posibilidades de trabajar), dificultades en reconocimiento y homologación de títulos educativos, falta de información e inseguridad en las rutas de tránsito. Se suma, además, la falta de autonomía económica, dado que las limitaciones monetarias influyen en el desplazamiento que deben realizar y crea desafíos adicionales en el país de acogida, particularmente de acceso a fuentes de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias.
Según un informe de PNUD (2020), la tasa de desempleo de mujeres venezolanas duplica la de varones en Colombia, Ecuador y Perú. También la brecha de género salarial es significativa; en algunos de estos países es superior al 10%. Adicionalmente, numerosas mujeres que habían sido económicamente activas en Venezuela sufren descualificación profesional, lo que las limita a la ejecución de tareas de cuidado mal remuneradas o no remuneradas, o a integrarse al mercado laboral de manera informal, en áreas laborales por debajo de sus calificaciones profesionales. La informalidad que caracteriza al trabajo doméstico y de cuidados que realizan las mujeres, en especial las mujeres migrantes, les impide en muchas ocasiones acceder a la regularización migratoria y, por extensión, al resto de los derechos. Esta situación se ve agravada por la falta de redes de apoyo y servicios de cuidado, así como de acceso adecuado a servicios y protección social en los países de acogida para aliviar la carga de cuidados.
El contexto generado por la pandemia de COVID-19, por su parte, ha aumentado el desempleo en la región, reduciendo drásticamente las oportunidades de generación de medios de vida en los países de tránsito y acogida, las restricciones de movilidad han limitado significativamente las actividades productivas y en particular las de la economía informal.
Por su parte, los desafíos comunes en torno a la violencia basada en género (VBG) incluyen desafíos como la falta de servicios de prevención y respuesta a la VBG de calidad en áreas peligrosas, remotas o fronterizas; escasa capacitación para los proveedores de servicios de salud y psicosociales en la prevención y respuesta a la VBG y otros enfoques especializados. Rara vez los programas disponibles están diseñados para apoyar a las personas en movimiento y, por lo general, no están diseñados para niñas y adolescentes. Asimismo, la ausencia de redes de apoyo aumenta los riesgos de victimización ante diferentes formas de VBG, especialmente la violencia sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual.
Pese a este hostil contexto, trabajar en otro país puede favorecer la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres. Las mujeres migrantes que trabajan contribuyen con el crecimiento y desarrollo de los países de acogida y tránsito, así como de origen, que se benefician de las remesas y competencias que adquieren fuera de su país. Si bien suelen ganar menos que los varones, tienden a enviar una mayor proporción de sus ingresos de manera regular y consistente a sus países de origen. Las remesas permiten cambiar los roles de las mujeres en la economía tanto como remisoras como receptoras, lo que aporta en su independencia financiera y mejores oportunidades de empleo.
Por tanto, las mujeres, niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela son agentes de cambio y desarrollo para sus comunidades y familias. Para asegurar que las mujeres, adolescentes y niñas provenientes de Venezuela puedan ejercer su autonomía económica y ser agentes de cambio, resulta fundamental fortalecer su participación y organización en espacios de toma de decisiones, así como potenciar su resiliencia y capacidades como parte de las estrategias de respuesta y recuperación a la crisis que enfrenta la región.
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